Pleno Ordinario Febrero 2010


Francisca Lorenzo Ramírez, Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Águilas, eleva al Pleno ordinario del mes de Febrero la siguiente moción, para su debate y aprobación, si procede:
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, responde a la necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.
La valoración del Observatorio de la Dependencia pone a nuestra Comunidad Autónoma en una muy mala posición en cuanto a la implantación del sistema, con una puntuación de un uno. No se ha regulado el procedimiento, ni las incompatibilidades, tampoco el copago y se produce indefensión de los ciudadanos que tienen derecho al reconocimiento y atención del derecho subjetivo que reconoce la norma.
En Águilas existen un número importante de ciudadanos que habiendo solicitado que se les reconociera ese derecho subjetivo, aún no tienen respuesta por parte de la Administración Regional.
Recientemente, el Secretario General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, expuso públicamente que los retrasos en atender a la ciudadanía tenían que ver con la tardanza en la elaboración del informe social por parte de los Ayuntamientos, que retrasaban mucho el procedimiento. Esta afirmación centra la responsabilidad en los Ayuntamientos.
Dado que el impulso y resolución del procedimiento dependen de la Administración Regional, competente para dictaminar la valoración y el reconocimiento de la prestación; no procede concentrar la responsabilidad en la tardanza en los Ayuntamientos y sí, en la Administración Regional.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la adopción del siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno Regional a que cumpla el plazo de seis meses que establece la LRJ-PAC, para resolver los expedientes relativos a la valoración de grado y concesión de prestaciones al amparo de la Ley 39/2006, evitando crear indefensión a los ciudadanos y concediendo derechos subjetivos proclamados por Ley, a los que tienen derecho.