Quizá usted recuerde, si ha nacido en la década de los cincuenta o antes, aquellas tiendas de ultramarinos de pueblo, mal provistas pero dignas, donde ciertos artículos embutidos estaban reservados a las economías con más posibles, que podían acceder a la parte noble de la tripa. Para la mayoría de las familias de entonces, la molla era inaccesible y los niños oíamos con demasiada frecuencia aquello de «nene, ve a la tienda y compra mitad de cuarto de recortes de salchichón… que te lo apunten». Como ustedes comprenderán, era la parte más innoble de la tripa, donde ésta acababa, se endurecía, se arrugaba y perdía su geometría. Después sólo quedaba el hilo y la chapa y, más allá, el abismo, la nada.

Desde 2010, el PP lleva inmerso en una vorágine de recortes. Empezaron con la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas, la famosa ´ley del tijeretazo´, a la que han ido sumando la aplicación de toda una serie de otras de ámbito nacional. Han tomado decisiones sobre indisponibilidad de crédito, reales decretos de educación, sanidad y dependencia, Ley de Medidas Urgentes para el Reequilibrio Económico Financiero de la Región de Murcia, y ahora, en estos momentos, dos leyes más, que vienen a cuadrar y darle filo al círculo legislativo de la guadaña o, lo que es lo mismo, del plan de recortes.

Toda esta normativa, todas estas disposiciones, decretos-ley y leyes han tenido un denominador común: el establecimiento y la profundización progresiva de recortes en sectores esenciales y básicos de los servicios públicos; incidiendo menos en aquellos aspectos, capítulos de gasto superfluo y despilfarro y profundizando el hachazo en servicios básicos, prestaciones, empleo y retribuciones.

Sin olvidar la reducción al absurdo que han experimentado las partidas que tienen que ver con la economía productiva o los capítulos, como el sexto, de inversiones reales, que han pasado a constituir el paradigma de esa reducción al absurdo político del presupuesto de la Cpmunidad en inversión productiva. Poco más de cien millones de euros en un presupuesto de más 5.000 millones, que supone apenas un 2% del total del presupuesto.

Recortes, recortes, recortes, ese es el objetivo. Han renunciado a cualquier planteamiento, a cualquier medida, a cualquier idea que suponga un mínimo atisbo de recuperación. Han renunciado finalmente a exigir y conseguir un acompasamiento imprescindible, una simultaneidad entre la adecuación a los objetivos de déficit y la puesta en funcionamiento de medidas incentivadoras de la actividad económica, enmarcadas en un espacio temporal que haga posible su compatibilidad.

La fórmula de sus ajustes es la de recortar muchos servicios —si es posible, básicos y de calidad—, prestaciones, empleo y retribuciones. Ajuste sólo cosmético, en servicios superfluos, en organismos autónomos o entes inútiles y afuncionales. Renuncia expresa a una mayor recaudación proveniente de los que más pueden, evitando ampliar la cesta con nuevos impuestos y decisiones más que dudosas en lo que concierne a su efectividad, respecto a los ingresos por la vía de la venta o enajenación de bienes muebles e inmuebles.

La carga de la prueba del plan de ajuste corre a cargo siempre de los mismos. Sus consecuencias, en cuanto a pérdida de calidad y cantidad de servicios, también. La disminución de retribuciones y pérdida de empleo, exactamente igual. Todos sabemos lo que el Gobierno regional deja y a quienes deja premeditadamente fuera de esta ecuación y por qué los deja.

Este ajuste, esta adecuación al objetivo de déficit, se podría haber hecho o planteado de otra manera. Sí, había otro camino distinto, al que el PP ha renunciado. Han optado por el camino más fácil y doloroso para todos los ciudadanos.
Si antes de la aplicación de estas leyes en la Región de Murcia ya estábamos mal, a partir de ahora estaremos peor.